Dispensación, Normativa

Más recetas: comprender un problema no es resolverlo ni asumirlo como inevitable

 

A las saturadas consultas de atención primaria llegan ahora pacientes para cosas tales como: “póngame una caja de paracetamol o de ibuprofeno que en la farmacia dicen que no me lo pueden dar”.

Aprecie el atento lector que he utilizado el término “póngame” porque esto no es recetar, es otra cosa. La automedicación responsable forma parte de lo razonable y desde ese punto de vista creemos que poder conseguir una caja de paracetamol de 650 mg por comprimido debería ser sencillo. Vamos a ver si podemos entender lo que está pasando.

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Una directiva europea del año 2011 puso en marcha medidas para establecer un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Un identificador único en toda la Unión Europea para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Esta directiva cristaliza 5 años después, en 2016, en el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 que especifica los requerimientos. El sistema desarrollado en España para la aplicación de la normativa se llama SEVEM (Sistema Español de Verificación de Medicamentos).

SEVEM contempla dos dispositivos de seguridad:

  • Físico: Un precinto que impida la manipulación del contenido. Hay que romper el precinto para acceder al medicamento. El precinto puede ser un troquelado para romper un engomado o cualquier otro sistema que impida manipular el contenido sin romperlo.
  • Digital: Es un código BIDI. Un código BIDI es un código de barras de los que estamos acostumbrados a ver como código QR. La diferencia entre QR y BIDI es que la codificación QR es pública y la BIDI es privada. En ese código van varios datos; código nacional, lote, caducidad y un número que identifica el envase. Este último número es único y vuelve al envase “trazable” en toda la Unión Europea. Cuando se dispensa un medicamento se notifica a una base de datos central y ese número no puede volverse a dispensar. Se evita la duplicidad y la falsificación.

Por eso ya no se puede dispensar un fármaco y luego “va usted al médico y le pide la receta”. El número ya está leído y no hay forma de “incorporar” la receta al medicamento ya dispensado.

recetaDesde el año 2006 la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) clasifica los medicamentos en sujetos o no a prescripción médica. La AEMPS podrá calificar como medicamentos no sujetos a prescripción médica a aquellos que vayan destinados a procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de administración no exijan prescripción médica. Se puede consultar el Centro de Información de online Medicamentos de la AEMPS para conocer si un medicamento necesita o no receta médica.

La receta electrónica de los servicios públicos de salud permite la localización rápida de medicamentos que debían haber sido dispensados con receta y no se ha hecho y permite una ágil inspección del cumplimiento de la normativa. El cumplimiento de la ley y el temor a las sanciones es lo que ha llevado a las farmacias comunitarias a pedir la receta en todos los medicamentos que la deben tener. Éste es el motivo por el que se está pidiendo receta para medicamentos no financiados pero sujetos a prescripción médica y que hasta ahora no se ha hecho.

Además, el Estado fija el precio de los medicamentos financiados pero no el de los que no lo están. Sucede entonces que una caja de paracetamol de 12 comprimidos de 650 mg puede valer más de 3 euros mientras que la de 40 comprimidos de 650 mg financiada (que antes se dispensaba sin receta aunque la precisaba) vale menos de 1 euro. Esa es otra de las explicaciones de por qué los pacientes son remitidos a por la receta… a por el medicamento financiado (mucho más barato que el no sujeto a prescripción).

En resumen, el incremento de la presencia de pacientes que acuden a por recetas de  medicamentos que antes conseguían en las farmacias se encuentra en un cruce de caminos entre la seguridad de los medicamentos (evitar falsificaciones y manipulaciones), el cumplimiento de la ley (la obligatoriedad de receta en los medicamentos sujetos a prescripción médica) y la diferencia de precio de medicamentos de igual composición según estén sujetos o no a financiación.

Todo bastante comprensible. El asunto es que comprender el problema no lo resuelve. Comprender el problema es la primera necesidad para poderlo resolver. Eso es lo que hace falta, que nuestros responsables se pongan a pensar cómo se resuelve esto para evitar la masificación aún mayor de las consultas de nuestros centros de salud.

 

José Luis Quintana, médico de familia. Ana de Rivas farmacéutica de atención primaria

 

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